NECESIDADES INDESEABLES Y BEBIDAS REFRESCANTES

 

Necesidades indeseables y bebidas refrescantes

Foto: Rob Young. Creative Commons

En teoría económica clásica se suele hablar de necesidades indeseables y preferentes como aquellas que el individuo no es capaz de valorar de forma correcta, bien porque las valoran más de lo que debería (necesidades indeseables) o porque las valoran menos de lo que debería (necesidades preferentes). Se supone que el sector público debe actuar vía impuestos o subvenciones para frenar el consumo de las primeras e incentivar el consumo de las segundas.

Este tipo de regulación por parte del sector público cobra especial relevancia desde que sabemos, además, que el individuo tiene una habilidad limitada para evaluar los efectos a largo plazo que puedan tener sus decisiones en el corto plazo. Para el individuo resulta complicado relacionar el placer inmediato de fumar, por ejemplo, con el efecto perjudicial que ese acto tiene sobre su salud a largo plazo; o la necesidad de ahorrar cuando uno es joven para poder asegurar una jubilación adecuada en el futuro.

Las necesidades indeseables se han tratado de frenar a través de impuestos, lo cual presenta un triple debate: el conceptual, el económico y el práctico.

Vayamos con el debate conceptual, que se mueve entre dos extremos: el de los liberalistas radicales, defensores de la libertad individual en su estado más puro (“quién es el estado para decirme qué debo o no debo hacer o para obligarme a pagar más por un bien que yo decido consumir libremente, aún sabiendo que es perjudicial para mí”) y el de los intervencionistas radicales (por usar el mismo adjetivo, no vaya a ser que alguno se moleste) que defienden que debe ser el sector público el que compense todas las ineficiencias que pueda presentar la economía de mercado y regule determinadas decisiones del individuo por considerar que éste no es capaz de hacerlo por sí mismo de forma adecuada.

Como siempre, ni un extremo ni otro. Yo soy partidario de que deben existir regulaciones comunes que permitan una convivencia adecuada y que al mismo tiempo ayuden a mantener el estado de bienestar. Por poner dos ejemplos sencillos, si no se pusieran límites al consumo de tabaco y de alcohol o no se controlara adecuadamente el uso del cinturón de seguridad, probablemente acabaríamos teniendo un sistema sanitario incapaz de absorber el impacto económico generado por unos niveles excesivos de cáncer de pulmón, enfermedades hepáticas, alcoholismo o heridos graves por accidente de tráfico. El sector público debe por tanto mantener un nivel de regulación responsable legislando por el bien común, tratando de desincentivar el consumo de los bienes indeseables a través de impuestos e incentivando las prácticas preferentes o deseables a través de subvenciones o esquemas de asistencia a la decisión que ayuden al individuo a tomar mejores decisiones (más info aquí).

Sigamos con el debate económico. Se supone que, además de para frenar las necesidades indeseables, los impuestos tienen una finalidad de redistribución de riqueza. ¿Realmente este tipo de impuestos lo consigue? Pues depende de, al menos, un par de variables básicas:

  • La proporcionalidad en la que dichos bienes sean consumidos de acuerdo con el nivel de renta del individuo. Es decir, que por ejemplo el porcentaje de presupuesto familiar dedicado al tabaco sea el mismo para cualquier nivel de renta dado
  • El destino que se le de a esos recursos recaudados

La primera variable no sólo no se cumple sino que lo que suele ocurrir es lo contrario: el consumo de tabaco es mucho mayor en los niveles de renta bajos que en los niveles de renta altos. En Estados Unidos, por ejemplo, el porcentaje de individuos que fuman es superior al 30% para rentas inferiores a 24,000USD/año, mientras que está por debajo del 15% para rentas superiores a 60,000USD/año. Si quisiéramos que estos impuestos tuvieran además una finalidad redistributiva, se supone que el sector público debería subvencionar el tabaco a las rentas bajas y gravarlo con mayores impuestos a las rentas altas, algo que de entrada parece absurdo (más info aquí).

La segunda variable es más difícil de controlar, ya que dentro del presupuesto público no se suele guardar una relación de “en qué me gasto lo que ingreso” de forma unívoca (lo que ingreso por IVA me lo gasto en carreteras) sino que se maneja de manera global (mi total de ingresos lo destino a todos estos capítulos de gasto).

Y terminemos con el debate práctico: ¿este tipo de impuestos realmente funcionan? Analicemos dos casos: el impuesto sobre el tabaco, que lleva vigente desde hace décadas, y el impuesto sobre las bebidas azucaradas, de muy reciente aplicación a nivel mundial y que se supone que va a entrar en vigor en España este año 2017.

En cuanto al impuesto sobre el tabaco, los datos en España son bastante claros: una disminución del consumo de tabaco del 43% en el período que va desde 1990 a 2015, según el informe de Adelta. Pero hay que aclarar que esta disminución no está ligada sólo al impuesto que grava el tabaco (por cierto, un impuesto del 80% entre IVA e impuesto especial) sino a una batería de medidas de concienciación y comunicación que se han ido poniendo en marcha paulatinamente (edad mínima para comprar y consumir, mensajes gráficos en las cajetillas de tabaco, prohibición de comunicación publicitaria en cualquier medio, restricción de consumo en lugares públicos, etc, etc).

Resulta difícil aislar el efecto que el impuesto ha tenido en la caída del consumo, aunque no cabe duda de que éste representa una partida de ingreso importante para el sector público (en el caso de España, unos 10,000 millones de euros, aprox un 1% del PIB y un 5% del total recaudado por impuestos).

Vayamos ahora con las bebidas azucaradas. Uno de los primeros países en poner en marcha un impuesto sobre las bebidas azucaradas ha sido México, seguido de Estados Unidos (de forma desigual por estados) y de otros países de hispanoamérica. En España, el impuesto ha sido anunciado para este año 2017 pero no ha llegado a formalizarse aún; los datos de México y Estados Unidos nos pueden ayudar a tener una idea de por dónde puede moverse este impuesto en España.

En México el impuesto se comenzó a aplicar como un porcentaje sobre el precio de venta del producto (tasa del 10%) mientras que en Estados Unidos se aplica una cantidad fija por onza líquida, cantidad que oscila entre los 2 y los 3 centavos de dólar por onza dependiendo del estado.

Considerando valores medios de impuesto y de precio de venta en un país y en otro, lo que se paga de impuesto por litro en Estados Unidos está entre los 67.6 centavos y los 101.4 centavos, mientras que lo que se paga en México ronda los 5 centavos de dólar. El impuesto en Estados Unidos supone aproximadamente un 56% mientras que en México supone aproximadamente un 6% del precio de venta (el impuesto se definió inicialmente como un 10% del precio de venta, que era equivalente a 1 peso mexicano por litro en el momento de su aplicación y desde entonces se ha mantenido constante mientras que el precio de la bebida ha ido en aumento, de ahí que el impuesto ya no sea del 10% como estaba definido en un inicio).

Obviamente no se trata de impuestos comparables ya que el nivel de renta de ambos países es muy diferente. La renta per cápita de Estados Unidos se sitúa en 56,115 dólares, mientras que la de México está en los 9,005 dólares. Otra corrección a tener en cuenta en el cálculo sería el nivel de precio de venta del litro de bebida; tomando como base la Coca Cola, un litro de esta bebida en Estados Unidos cuesta aproximadamente 1.50 dólares, mientras que en México ronda los 0.80 centavos de dólar. Considerando estas dos correcciones y tomando como base el impuesto de Estados Unidos (la horquilla de 67.6-101.4 centavos de dólar mencionada arriba), el impuesto en México podría llegar a los niveles de 7.15 centavos de dólar el litro (o lo que es lo mismo, un 43% de incremento sobre el nivel actual, dejando el impuesto en el 9% sobre el precio de venta).

El éxito de esta potencial subida de impuestos en México dependería básicamente de dos factores:

  1. La elasticidad de la demanda; es decir, qué reducción de demanda puede producir un incremento dado de precios
  2. La capacidad de mantener el componente de impuesto de forma aislada del precio. Es decir, aplicar el impuesto de manera que el consumidor sea consciente de qué parte de lo que paga es impuesto y qué parte es producto

Se estima que el impuesto del 10% produjo una caída del consumo del 6%, a mi juicio poco significativa, teniendo en cuenta además que este impuesto se apoyó con otro tipo de medidas (campañas para concienciar a la población y para fomentar un estilo de vida saludable) y considerando además que la industria suele acompañar estas medidas impositivas con subidas adicionales de precio que les permitan mantener sus ingresos ante perspectivas de caídas en el volumen (se estima que la subida real del litro de Coca Cola en México de 2013 a 2014 fue del 17%).

Ahora bien, en México se dan dos factores diferenciales que llevan a pensar que el impuesto mexicano no llegará (o al menos no debería llegar) a esos niveles de 7.15 centavos por litro. Estos son:

  1. La accesibilidad de la población al agua potable. En México, unos 14 millones de habitantes (11% de la población) no tiene acceso al agua potable, aunque sí que tienen acceso a suministros básicos. Es decir, no llega la tubería de agua pero sí el camión de Coca Cola
  2. La dieta a la que tiene acceso el mexicano medio es poco variada y presenta muchas limitaciones, dadas en gran parte por el nivel de renta del país. Esto hace que en muchos casos la bebida azucarada sea más un componente alimenticio que un mero refresco, como lo es en países con mayor nivel de renta (como ejemplo, los refrescos aparecen como el cuarto producto de mayor frecuencia de gasto en los hogares mexicanos, por delante de la leche, el frijol, la patata o el pollo). Hay que tener en cuenta que un litro de Coca Cola aporta unas 420 calorías, que es un 25% de la ingesta media diaria recomendada de 2,000-2,500 calorías

Desde mi punto de vista, México tiene otros problemas que atender que resultan mucho más relevantes y urgentes que decidir elevar o no el impuesto sobre las bebidas azucaradas.

Vayamos ahora con el caso de España. Considerando que el nivel de renta en España es de 25,685 dólares per cápita (un 46% del nivel de Estados Unidos) y que el litro de Coca Cola cuesta de media aproximadamente 1.34 dólares, esto significa que el impuesto a aplicar se situaría en los niveles de 27.7-41.5 centavos de dólar (al cambio, 26-39 céntimos de euro), lo cual representa un 25% de impuesto, a añadir al actual IVA del 10%, nivel que parece excesivo para una primera aplicación del impuesto, sobre todo cuando la OMS está recomendando un nivel del 20%.

Por otra parte, si consideramos que el gobierno de España espera recaudar 200 millones de euros anuales a través de este impuesto y que el mercado de bebidas refrescantes en España tiene un volumen anual de 1,800 millones de litros, estaríamos hablando de un impuesto de 11 céntimos de euro (un 9% sobre el precio de venta), cantidad que a priori y analizando los resultados de México, sería insuficiente para desincentivar el consumo de forma apreciable, quedando entonces la medida en algo puramente recaudatorio.

Parece que lo más probable es que el impuesto se sitúe entre los 11 céntimos de euro por litro como mínimo y los 39 céntimos de euro por litro como máximo. A ver por dónde sale el gobierno…